En los últimos años, España ha confeccionado una de las redes digitales más vanguardistas de Europa, estableciendo una cobertura de fibra óptica que se adentra hasta el hogar y alcanzando un nivel de cobertura 5G autónoma del 56%, superando la media del continente. Este impulso digital no es en vano. Permite la introducción y desarrollo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial generativa, el Internet de las Cosas (IoT) masivo, el edge computing, y la automatización industrial, demandando así redes con mayor capacidad y fortaleza.
Sin embargo, la astucia española encara un contratiempo palpable: agilizar los trámites administrativos a nivel municipal para no embotar el ímpetu tecnológico. En cifras, el Viejo Continente requiere unos 200.000 millones de euros adicionales en infraestructuras digitales, y de este mastodonte financiero, España deberá orquestar entre 20.000 y 35.000 millones para no perder el paso competitivo en escena internacional durante la próxima década.
Además, la Digital Networks Act, actual legislación europea, se presenta como el nuevo tablero sobre el cual mover las fichas, con el fin de modernizar el mercado y ajustar los desequilibrios que vienen danzando alrededor del tráfico, mafiosamente reconcentrado en pocas plataformas. Al centro del debate, la insistencia en marcos regulatorios claros, seguridades jurídicas sólidas, y una sostenibilidad sectorial como pilares para respaldar este crecimiento digital que asoma en el horizonte.
Para los empresarios, desarrolladores y usuarios de España e Hispanoamérica, el mensaje es claro: hay un puente que cruzar entre la oportunidad digital y los desafíos regulatorios y económicos. Cada paso en este terreno podría marcar la diferencia entre liderar la revolución tecnológica y quedar como meros espectadores de la misma.
Fuente: El Español
