Ya era hora de que alguien en Bruselas se diese cuenta de que no se puede levantar un muro de burocracia y esperar que la chispa de la innovación prenda con la misma intensidad.
La Unión Europea ha decidido, finalmente, aplicarse el cuento de la flexibilidad al revocar, en parte, las limitaciones de su nueva Ley de IA, aplazando hasta ese futuro no tan lejano llamado 2027, los requisitos más severos para los sistemas de alto riesgo.
Este respiro de última hora permite a las empresas, incluidas miles de startups de nuestro querido suelo ibérico y de la basta Europa tecnológica, certificar seguridad, transparencia y protección de datos con un poco de margen, asfixiadas como estaban entre el yunque de las leyes y el martillo de gigantes como Google, Meta, Amazon y Microsoft.
Sin embargo, a pesar de las críticas airadas de personajes como Mark Zuckerberg, quien con su modestia habitual tachó la regulación original de una intromisión que estrangula la innovación, y las amenazas de Meta de cerrar las puertas a nuevos modelos en nuestro continente, el dilema se mantiene.
España y Europa, que en esto de la IA invierten mucho menos que titanes como Estados Unidos y China, se enfrentan al reto de regular con mano firme para proteger al ciudadano común, mientras se pugna por alimentar la innovación antes de que el temido 2030 nos coja sin los deberes hechos.
Porque, según algunos sabios, todo el respiro hasta 2027 podría quedarse en un simple suspiro, un interludio insignificante antes de que 1,5 millones de empleos se transformen en polvo a causa de la automatización que se avecina como un vendaval.
Y así seguimos, entre el miedo paralizante y la necesidad imperiosa de no quedarnos en la cuneta de la Historia.
Seguimos en esta partida de ajedrez en la que la UE invierte menos de lo que cuesta mantener el ChatGPT durante dos días. Así es la cosa, amigos.
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