El Gobierno de España se ha plantado en Bruselas con la determinación que da el saber que lo que está en juego no es baladí La estrategia es clara: negociar sin titubeos el esbozo del «ómnibus digital» que aspira a simplificar el intrincado marco normativo digital europeo Todo para evitar que se diluya como azúcar en café caliente la aplicación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, tan laboriosamente impulsada en aquellos días de presidencia española en la UE Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha sido tajante: simplificar, sí; desregular, jamás Y alzó la voz de alarma: sería un desastre mayúsculo que la primera legislación de inteligencia artificial mundial diera un paso atrás
Desde el despacho ministerial, las objeciones al borrador propuesto por la Comisión Europea ya vuelan por los correos de Bruselas La crítica española se centra en tres dardos bien apuntados: primero, la dilación de hasta 16 meses para aplicar normativas a usos de IA de alto riesgo, un asunto peliagudo cuando está en juego la privacidad de datos tan sensibles como los sanitarios
En segundo lugar, la facilidad con la que se pretende aliviar las obligaciones de formación en inteligencia artificial para los trabajadores, una flaqueza que la ley original no contemplaba Y finalmente, el tercer reproche es la relajación en la obligación de identificar de manera transparente los contenidos generados por IA Moviéndose en el impredecible tablero político europeo, Ursula von der Leyen parece querer ralentizar la maquinaria, ciertamente, generando debates y un sinfín de guiños por parte de varias delegaciones
Mientras tanto, en el Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial, Manuel Castells ya vislumbra las primeras chispas en el horizonte
Estrategia política en su máxima expresión, desde el Gobierno español se presionará hasta el último aliento por mantener vivo el núcleo de la ley original La simplificación no puede convertirse en un burdo sinónimo de desprotección
En esta encrucijada, quienes tienen mucho que perder o ganar son las empresas tecnológicas de España e Hispanoamérica Una regulación laxa podría convertir el crecimiento en vertiginosa anarquía, mientras que un marco robusto les ofrecería garantías y confianza para invertir en investigación y desarrollo de IA sin temor al vaivén legislativo Los desarrolladores, por su parte, podrían tener que adaptarse a nuevas exigencias Y para los usuarios, como siempre, la esperanza de que se mantenga el equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de derechos fundamentales
El relato de esta epopeya política puede seguirse en detalle en: El Mundo
