Un proyecto legislativo que ahora se cierne sobre España pone a las grandes corporaciones a sudar la gota gorda: multas faraónicas que podrían llegar a los 35 millones de euros, o el 7% de su volumen global de negocio, para aquellas que no etiqueten adecuadamente los contenidos gestados por inteligencia artificial.
Este paso no solo coloca a España en la vanguardia de la lucha contra los mortales deepfakes y la mezquina desinformación, sino que también demanda una transparencia cristalina en el universo digital.
Pero no todo es color de rosa. La propuesta encara desafíos técnicos de alto voltaje: desde la capacidad de adulterar o borrar etiquetas digitales hasta la odisea que supone controlar contenidos venidos de jurisdicciones donde la ley ni siquiera pisa fuerte.
Por no hablar de que todavía no hemos puesto sobre la mesa una definición que marque los límites de lo que se considera creación de inteligencia artificial.
Y aquí viene lo más espinoso: las dudas. ¿Debe poner una etiqueta cada vez que una inteligencia artificial mete mano, ya sea para corregir una tilde, componer una melodía o generar un correo comercial?
Incluso queda abierta la posibilidad de demandar etiquetas para contenidos hechos por humanos, lo que deviene en un campo minado por la búsqueda de un equilibrio informativo.
Para las empresas, especialmente las del mundo hispanoamericano, la regulación podría suponer un desafío y una carga administrativa que demandará recursos e ingenio.
Los desarrolladores tendrán que estar listos para ajustar protocolos y herramientas, mientras que los usuarios deberán adaptarse a un nuevo entorno más regulado.
La frontera entre regulación e innovación nunca ha sido tan difusa, y el mundo observa expectante los pasos que dará el gobierno español.
Referencia: La compleja frontera entre regulación e innovación en la inteligencia artificial
